VISEC Carne desata una polémica: CRA denuncia descuentos en el precio de la hacienda y apunta a los frigoríficos

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció en octubre de 2026 que frigoríficos exportadores estarían aplicando descuentos en el precio de la hacienda a productores que no inscribieron sus animales en VISEC Carne, la plataforma desarrollada para facilitar el cumplimiento de las exigencias europeas sobre productos libres de deforestación.

La entidad reclamó el cese de esas prácticas y advirtió que podría recurrir a las autoridades de competencia. El conflicto cobra relevancia porque enfrenta a productores e industria por los costos de trazabilidad, cuando faltan poco más de dos meses para la aplicación de las nuevas reglas comerciales de la Unión Europea.

En su comunicado, CRA sostuvo que no existe una obligación legal que exija al productor argentino registrarse específicamente en VISEC Carne, ni una disposición europea que autorice descuentos por no utilizar esa herramienta. La organización también cuestionó que una exigencia vinculada a determinados mercados pueda afectar el valor de toda la hacienda comercializada.

Sin embargo, la denuncia no identifica públicamente a los frigoríficos involucrados ni precisa porcentajes de quita o liquidaciones que permitan comprobar su alcance. Esa documentación resulta fundamental para determinar si existen descuentos sistemáticos y cuáles son sus fundamentos comerciales.

El Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, establece que productos como la carne vacuna y la soja deben provenir de tierras no deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y cumplir la legislación del país de origen.

Según informa la Comisión Europea en su documentación oficial, las principales obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores, mientras que la mayoría de los pequeños y microoperadores tendrá plazo hasta el 30 de junio de 2027. La responsabilidad regulatoria recae principalmente sobre quienes introducen los productos en el mercado europeo, aunque necesitan información de sus proveedores.

La industria frigorífica argumenta que esa información debe estar disponible antes de que las nuevas reglas sean exigibles. En declaraciones difundidas el 16 de octubre por la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), explicó que los exportadores necesitan responder a las exigencias de sus compradores europeos. También aclaró que VISEC genera documentación de debida diligencia y no constituye, por sí misma, una certificación. Desde esa perspectiva, la preparación anticipada busca preservar negocios y evitar dificultades de acceso a un mercado de alto valor para la carne argentina.

VISEC Carne: costos, trazabilidad y una disputa que llega al precio de la hacienda

Uno de los puntos más sensibles es el financiamiento de la plataforma. En mayo de 2026, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que la inscripción en VISEC Carne era gratuita para los productores, pero advirtió que quienes no se registraran antes de junio deberían afrontar posteriormente el costo del análisis de los polígonos correspondientes a sus establecimientos.

La información fue publicada por Infocampo y Valor Carne, que reprodujeron las condiciones difundidas por el Instituto. Esta diferencia entre inscripción gratuita y servicios asociados explica parte del reclamo de CRA, que exige conocer los costos actuales y futuros.

La entidad rural también cuestionó que se utilice una plataforma determinada como condición para acceder a mejores precios. El reglamento europeo exige geolocalización, trazabilidad y documentación verificable, pero no establece la utilización obligatoria de VISEC Carne.

CRA considera que información disponible en registros como RENSPA y SIGSA podría contribuir al cumplimiento mediante otras herramientas. No obstante, que existan datos oficiales no significa necesariamente que estén integrados o sean suficientes para responder a todos los requerimientos europeos. El desafío consiste en garantizar sistemas técnicamente válidos, interoperables y aceptados por los compradores.

La discusión económica presenta otra complejidad. Una res bovina puede comercializarse en distintos destinos, con cortes destinados a Europa, China o el mercado interno, por lo que CRA cuestiona que una condición vinculada al mercado europeo termine afectando el precio del animal completo.

Sin embargo, la industria también puede argumentar que la imposibilidad de colocar determinados cortes en destinos de mayor valor modifica el resultado económico de toda la operación. Para establecer si un descuento es razonable resulta necesario conocer su magnitud, las condiciones pactadas y la diferencia efectiva de valorización entre animales con trazabilidad ambiental documentada y aquellos que no la tienen.

En paralelo, la Argentina cuenta con argumentos productivos para posicionarse favorablemente ante las nuevas exigencias. El IPCVA difundió investigaciones realizadas junto al CONICET según las cuales el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación.

Adrián Bifaretti, referente del Instituto, destacó en declaraciones publicadas por APEA en octubre de 2026 que esta característica representa una oportunidad competitiva para la carne argentina. Sin embargo, el indicador territorial no reemplaza la verificación individual de los establecimientos y de los movimientos de animales, condición necesaria para demostrar el origen de la hacienda comercializada.

El conflicto también tiene una dimensión institucional. CRA anticipó que podría presentar antecedentes ante la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, y ante la Secretaría de Agricultura.

La eventual existencia de descuentos no implica automáticamente una infracción a la legislación de competencia: para determinarla sería necesario investigar posibles acuerdos entre compradores, restricciones injustificadas o conductas que afecten el funcionamiento del mercado. Mientras tanto, la entidad recomienda a los productores solicitar por escrito los fundamentos de cualquier quita y comunicar los casos a sus organizaciones rurales. La transparencia de las liquidaciones aparece como una condición central para esclarecer las denuncias.

La controversia se desarrolla, además, en un escenario regional cada vez más competitivo. Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina enfrentan el desafío de demostrar el origen ambiental de su producción ganadera para sostener negocios con compradores internacionales.

La trazabilidad puede convertirse en una ventaja comercial, pero también representar costos adicionales y nuevas exigencias para los establecimientos. En Argentina, donde la cadena ganadera reúne sistemas productivos y escalas muy diferentes, la distribución de esos costos adquiere especial importancia. El desafío será evitar que las herramientas de acceso a mercados terminen generando barreras desproporcionadas para los productores de menor escala.

Por ahora, la existencia y extensión de los descuentos denunciados por CRA sigue pendiente de comprobación documental, al igual que sus eventuales fundamentos económicos. Lo que sí está confirmado es que las exigencias europeas avanzan y que la cadena cárnica argentina necesita mecanismos confiables para demostrar trazabilidad y origen libre de deforestación.

El debate de fondo no debería plantearse como una elección entre cumplir las reglas internacionales o defender al productor. La cuestión es cómo compatibilizar ambos objetivos mediante condiciones comerciales transparentes, alternativas técnicamente válidas y responsabilidades claramente distribuidas entre producción, industria y compradores.

FUENTE: Agrolatam