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La UE da luz verde al acuerdo con Mercosur y se profundiza la grieta con el sector ganadero europeo

Tras décadas de negociaciones, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron finalmente el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- luego de una votación favorable por mayoría cualificada.

El respaldo llegó acompañado por la adopción de una cláusula de salvaguardia que permitirá un control más estricto del mercado comunitario ante eventuales perturbaciones provocadas por un aumento de las importaciones desde el bloque sudamericano.

El acuerdo, anunciado formalmente a fines de 2024, dará lugar a una zona de libre comercio que abarcará a más de 700 millones de personas. Para la Unión Europea, implica el acceso preferencial a un mercado de unos 280 millones de consumidores en América Latina, con la promesa de importantes ahorros en aranceles y un impulso a las exportaciones europeas.

Países como España y Alemania se ubicaron entre los principales defensores del tratado, al considerar que abrirá nuevas oportunidades comerciales para sus empresas.

En contraposición, Francia mantuvo una postura firme en contra. El presidente Emmanuel Macron confirmó que su país no respaldará el acuerdo y aseguró que las fuerzas políticas francesas son “unánimes” en su rechazo, especialmente por el impacto que podría tener sobre su sector agropecuario.

Desde Bruselas, la Comisión Europea sostiene que el acuerdo permitirá a las empresas europeas ahorrar miles de millones de dólares anuales en aranceles y fortalecer su presencia en América Latina. En el plano agrícola, el texto contempla salvaguardias adicionales que se activarían ante incrementos significativos de importaciones procedentes del Mercosur. La aprobación también contó con el aval de los embajadores de los Estados miembros, bajo condición de anonimato, según indicaron fuentes diplomáticas.

En España, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Anice) adoptó una posición prudente. Su director general, Giuseppe Aloisio, advirtió que el acuerdo “no está exento de riesgos, especialmente para determinados sectores ganaderos sensibles”, y subrayó que su aplicación debe ir acompañada de cláusulas de salvaguarda eficaces, controles reales y exigencias estrictas de reciprocidad normativa en materia sanitaria, medioambiental y de bienestar animal. No obstante, reconoció que, a largo plazo y bajo esas condiciones, el tratado podría representar una oportunidad relevante para las industrias cárnicas españolas con perfil exportador, especialmente en productos de alto valor añadido y fuerte componente de calidad y trazabilidad.

El debate se intensificó tras la reacción del sector ganadero. La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) difundió una carta abierta en la que denuncia una profunda asimetría normativa entre la UE y los países del Mercosur. “No te pido que lo superes, iguálamelo”, resume el reclamo del sector, que acusa a las autoridades europeas de avanzar en un procedimiento que elude el control democrático y minimiza las advertencias del sector primario.

Entre los principales puntos de fricción, los productores señalan diferencias en seguridad alimentaria, uso de antibióticos, bienestar animal y exigencias medioambientales. Mientras que en Europa rigen normas estrictas sobre trazabilidad y se prohíben prácticas como el uso de promotores de crecimiento o la irradiación de la carne, estas técnicas estarían permitidas en el Mercosur. Según el sector, esta brecha normativa habilita costos de producción hasta un 30% más bajos en Sudamérica, generando una competencia considerada desleal.

Asoprovac también alertó sobre el impacto territorial del acuerdo. La presión económica y la carga burocrática, advierten, están acelerando el abandono de explotaciones familiares, la despoblación rural y la desaparición de la ganadería extensiva, con consecuencias directas en la gestión del territorio y el aumento del riesgo de incendios forestales.

Finalmente, el sector puso el foco en la soberanía alimentaria y el derecho del consumidor europeo a conocer el origen y las condiciones de producción de los alimentos que consume. “Con el comer no se juega”, concluye el documento, en un llamado a la responsabilidad política para garantizar igualdad de condiciones y evitar que el acuerdo con Mercosur se traduzca en una crisis para el campo europeo.

FUENTE: Agritotal